La "Masacre de Curuguaty" es un incidente que marcó las elecciones presidenciales de este domingo en Paraguay.
El hecho se refiere a un incidente ocurrido en junio pasado, del cual hay varias versiones y una investigación oficial ampliamente cuestionada.
Si bien en la zona hay cierto nivel de violencia, el saldo de esta matanza sorprendió a muchos en Paraguay. Y además impulsó a la oposición política del país a responsabilizar al entonces presidente Fernando Lugo del hecho y proceder a su destitución en siete días.Lo único que quedó claro es que 17 personas perdieron la vida -once campesinos y seis policías- en una operación de desalojo de una ocupación de las tierras llamadas Marina Kue, cuya propiedad reclama un grupo empresario local.
El resultado de este juicio político -que duró menos de 24 horas- fue el que colocó a Federico Franco como mandatario interino, cuyo período termina este domingo.
Pero la remoción de Lugo generó una amplia condena internacional. La mayoría de los gobiernos de la región consideraron que se trató de una ruptura del hilo constitucional (algo que niega Franco). Por ello hasta la fecha el país permanece suspendido -hasta que se efectúen estos comicios- de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) y del bloque comercial Mercosur.
Toda esta cadena de eventos surgió a raíz de la "masacre de Curuguaty", que casi un año después, sigue sin tener una explicación clara o una resolución judicial por lo ocurrido.
Acusados y acusadores
Una de las primeras medidas que tomó el gobierno interino de Franco fue desactivar una comisión independiente -que contaría con ayuda de la Organización de Estados Americanos- instaurada por Lugo para esclarecer lo ocurrido en Marina Kue.
Franco optó por dejar el caso sólo en manos de la policía y el Ministerio Público.
Y tras meses de investigaciones la Fiscalía ya tejió quiénes serían los responsables de la muerte de las 17 personas.
"En la parte investigativa ya se hizo todo lo que había que hacer", le dijo el fiscal de la causa, Jalid Rachid, a BBC Mundo.
Hay 14 personas acusadas por la muertes en el incidente ocurrido el 15 de junio de 2012.
Todos los acusados son personas que ocupaban las tierras, es decir campesinos. No hay ningún funcionario policial imputado, pese a que 11 de los 17 muertos fueron campesinos.
Para el fiscal se trató de una emboscada de los campesinos que desató el posterior tiroteo que dejó el trágico saldo de muertos.
"Fue una causa compleja y se fueron descartando hipótesis en el transcurso de la investigación que confirmaban nuestra teoría: los policías para nosotros fueron víctimas de lo ocurrido y no podemos ahora pasarlos a ser imputados o procesarlos. Se les violaría el debido derecho", afirmó Rachid.
Todos los campesinos acusados se encuentran con prisión preventiva. Entre los detenidos hay tres mujeres, dos de ellas embarazadas (aunque una dio a luz esta misma semana), responsabilizados de las muertes de los agentes de seguridad, entre los que estaba el jefe de las fuerzas élite de la policía.
"Se les acusa a todos de invasión de propiedad, asociación criminal, e intento de homicidio", señaló a BBC Mundo Rogelio Ocampos, de la ONG Articulación Curuguaty, que trabaja en la asistencia de grupos campesinos en el interior de Paraguay.
Según Ocampos en el conjunto de organizaciones sociales del país se considera que la investigación no ha sido adecuada.
"La Fiscalía tomó en cuenta el testimonio de 84 policías y de ningún campesino. Además no se hicieron peritajes correspondientes, ni estudios de balística para comprobar quién mató a los seis policías", afirma.
La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) confirma que no se recabaron testimonios de campesinos en las investigaciones del Ministerio Público.
De hecho el fiscal Rachid ha sido recusado dos veces por los abogados defensores, como también el primer juez del caso.
"Pero en lo que a mi se refiere la Corte Suprema de Justicia encontró que no había argumentos para estas recusaciones. Por eso no se pudo adelantar más", se defiende Rachid.
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